LA DECISIÓN... del Gobierno de Morelos de expropiar el predio de La Cazahuatera abre una discusión que va más allá de un terreno específico. El debate de fondo es qué tipo de ciudad quiere ser Cuernavaca en los próximos años.

Durante décadas, la capital morelense ha crecido de manera acelerada. Fraccionamientos, desarrollos habitacionales y nuevas vialidades han ocupado áreas que anteriormente funcionaban como espacios naturales. El resultado es visible: menos zonas arboladas, temperaturas cada vez más elevadas y una creciente presión sobre los recursos ambientales.

En ese contexto, conservar espacios como La Cazahuatera adquiere un valor estratégico. No se trata únicamente de proteger un paisaje o evitar una construcción. Estos terrenos cumplen funciones ambientales esenciales para una ciudad que ya enfrenta problemas de urbanización, escasez de áreas verdes y deterioro de sus ecosistemas.

La expropiación anunciada también coloca sobre la mesa una facultad que pocas veces se utiliza con fines ambientales. Tradicionalmente, esta figura jurídica ha sido asociada a la construcción de infraestructura o proyectos de interés público. Sin embargo, cuando está en juego el bienestar colectivo, la preservación de un espacio natural también puede justificar la intervención del Estado.

El procedimiento deberá realizarse con estricto apego a la ley, garantizando certeza jurídica y transparencia. La protección del patrimonio ambiental no puede construirse al margen del marco legal. Pero tampoco puede ignorarse que existen momentos en los que el interés público exige decisiones firmes para evitar la pérdida irreversible de bienes comunes.