« Primero los pobres » , no. ¡ Primero los niños! Este bien podría ser un eslogan para los tiempos de campaña que se avecinan en Morelos. Un reciente estudio publicado en un cuadernillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México* expone un análisis sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ( NNA) como un problema público de primer orden.

En su introducción, el documento plantea una verdad incómoda:

« El reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales constituye una de las expresiones más graves de la violencia en México y, al mismo tiempo, una de las menos reconocidas por las instituciones del Estado » .

El fenómeno social es crítico. Basado en estadísticas del INEGI y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe advierte que las desapariciones de menores en el país se realizan frecuentemente mediante ofertas de empleo falsas. Esta modalidad se ha convertido en una de las causas principales de la desaparición forzada de niños y adolescentes en regiones de la república. El estado de Morelos no está exento debido a su compleja situación de seguridad y conectividad geográfica.

El escenario nacional es escalofriante. De acuerdo con datos oficiales del INEGI, cada año mueren más de mil niñas, niños y adolescentes por agresiones directas en el país. El punto de inflexión ocurrió en 2018, año en el que se registraron 1,505 defunciones de menores, y desde entonces la cifra se ha mantenido por encima de las 1,200 muertes anuales. La mayor concentración de estos homicidios ocurre entre los 15 a los 17 años, y la gran mayoría son cometidos con armas de fuego.

A la par de los homicidios, la crisis de las desapariciones no cesa. Al mes de septiembre de 2025, un total de 7,945 niñas, niños y adolescentes permanecían reportados como desaparecidos. Asimismo, la Red por los Derechos de la Infancia en México ( REDIM) estimó que entre 388 y 1,084 adolescentes se encontraban privados de su libertad durante 2024 por delitos directamente asociados con la delincuencia organizada. Lo más alarmante es el ritmo del crecimiento del reclutamiento: el número de adolescentes reclutados por las mafias aumentó un 20.6% global en el último año reportado.

El panel de la Universidad Iberoamericana analizó el cómo y el porqué de este reclutamiento, concluyendo que las autoridades federales y locales no han logrado comprender la raíz del fenómeno. Se ha apostado por una oferta genérica de becas económicas y por la construcción de universidades. Sin embargo, estas medidas no profundizan en la realidad que viven los NNA: qué les interesa, cuáles son sus entornos comunitarios y por qué terminan integrándose a las filas de los grupos criminales. El Estado carece de políticas públicas eficaces porque, sencillamente, no entiende las dinámicas de la juventud actual.

Existen esfuerzos institucionales en el papel. La Secretaría de Gobernación federal presentó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en mayo de 2026. Dicha estrategia se apoya en el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, un instrumento de coordinación que identifica a 18 entidades federativas con alta incidencia, calificando el reclutamiento como una práctica delincuencial constante, reiterada y organizada.

A pesar de estas declaraciones gubernamentales, los expertos participantes en el foro académico concluyen que el reclutamiento por parte del crimen organizado persiste y se agrava con rapidez. El primer paso ineludible para solucionar la crisis debe ser el reconocimiento. de un fenómeno que lastima severamente el tejido social. La política pública actual sigue equivocando el enfoque, tratando el reclutamiento como un asunto estrictamente policial, de seguridad y castigo penal, en lugar de abordarlo como un problema de desprotección sistémica de la infancia. Por si fuera poco, las organizaciones criminales demuestran ser mas eficaces utilizando las redes sociales con una velocidad y efectividad que las instituciones del Estado.

La conclusión más relevante es que las NNA buscan de manera natural identidad, pertenencia, reconocimiento y cuidado en sus comunidades. Las organizaciones criminales sí han entendido estas necesidades. Al ofrecer alternativas de vida — aunque estas sean degradadas, violentas y destructivas—, el crimen organizado las presenta con mayor eficacia y atractivo.

¿ Qué se debe hacer? Primero, es urgente elaborar diagnósticos territoriales precisos. Se necesita con urgencia un registro oficializado de reclutamiento y el cruce sistemático de información sobre homicidios, desapariciones de los jóvenes.

Es indispensable fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento crítico de los adolescentes desde la primaria.

Entidades como Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Sinaloa han avanzado de manera formal en la promulgación de leyes para protección de este sector vulnerable. Los próximos legisladores del Congreso del Estado de Morelos tienen ante sí una enorme responsabilidad histórica: proponer y aprobar una ley de avanzada para la protección de las niñas, niños y adolescentes que detenga el reclutamiento criminal en nuestra entidad. El congreso próximo no puede abdicar de su responsabilidad.

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